Fonte da foto: arquivo pessoal.
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Por Pablo Martínez Acosta
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El 07 de marzo del 2020, a poco tiempo del periodo de inicio de las clases en Paraguay, se anunciaba el primer caso de COVID 19 en el país, lo que sumergió a la población paraguaya en un estado de miedo e incertidumbre, en la conciencia de las significativas debilidades existentes en el sistema sanitario, más aun, considerando los números de contagios y fallecimientos que se registraban en todo el mundo.
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La UNESCO al 30 de marzo, ya había registrado un total de 166 países que habían cerrado escuelas y universidades en todo su territorio, impactando en más del 87% de la población estudiantil mundial. Paraguay y el Departamento del Caaguazú, no estuvieron ajenos a este fenómeno. Por Decreto Presidencial Nº 3478 de la Presidencia de la República, refrendada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en fecha 10 de Marzo del 2020, el Gobierno Nacional dispuso la suspensión de las actividades académicas y de cualquier tipo de actividad que implicara aglomeración, aplicando posteriormente estrictas medidas restrictivas a la circulación y actividades de diversa índole, quedando garantizados únicamente los servicios básicos. Para inicios del mes de abril, el número de contagios ascendía a 1.362.936 personas, y provocó la pérdida de 76.373 vidas, sin cuantificar aún lo daños significativos que provocó en otros ámbitos como la economía, la educación y la sociedad en todo su contexto.
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